Proyecto Ley de (des)Integración Social y Urbana. Por Claudia Arriagada Parra

                      Por Claudia Arriagada Parra, Dirigenta Nacional Partido Igualdad

Este proyecto de ley elaborado y presentado por el gobierno de Piñera al parlamento, sería discutido y aprobado este miércoles 7 de Agosto, el cual finalmente no se votó, ya que el gobierno le quito el carácter de urgencia y no se votará hasta nuevo aviso.

Muchas iniciativas presentadas por este gobierno atentan directamente con la calidad de nuestras vidas, pero en particular esta, viene a consagrar la privatización de la vivienda en Chile, profundizando el neoliberalismo en las políticas habitacionales, si bien este proceso privatizador se viene gestando hace décadas, es este instrumento legal, el que permitirá una avanzada en la inversión privada y acumulación del capital. En definitiva, es el modelo que han instalado estos gobiernos para el desarrollo urbano, posicionando firmemente el rol del mercado habitacional en la producción de la ciudad.

Los movimientos de pobladores y pobladoras, autoridades y académicos han cuestionado y criticado este proyecto, los cuales plantean una serie de elementos que no deben quedar fuera debate nacional. En primer lugar, esta iniciativa no resuelve la desigualdad y segregación de las ciudades con tan sólo relocalizar a las familias más pobres, mezclando familias de diversos estratos sociales en conjuntos habitacionales, si bien existiría una interacción de las clases sociales, esta se plantea como un absurdo, ya que el problema de integración social no se resolverá juntando a ricos y pobres, sino no existe una real distribución de la riqueza para iguales oportunidades de trabajo, educación, salud, etc. Este proyecto de ley tampoco define claramente que se entiende por integración social, por tanto queda una ambigüedad que claramente aprovecharan gobernantes y empresarios.

Otro de los puntos críticos de este proyecto, es que pasa por encima de los instrumentos de planificación territorial, es decir esta ley estará por sobre los marcos normativos existentes en los Planes Reguladores, por medio de la creación de las Zonas de Integración Urbana, permitiendo que Ministerio de Vivienda y Urbanismo tome decisiones para dejar actuar al mercado inmobiliario en determinados territorios de interés. Por ejemplo si la ciudadanía y el municipio se propusiera que no se construyera el polémico proyecto habitacional “Ciudad del Parque” en Concepción quedando establecido en el PRC, pero si el MINVU cree que es preciso densificar aquel lugar, ya sea por la calidad de vida o porque este proyecto está en carpeta esperando para ser ejecutado, esta ley permitiría instalar de igual manera el Proyecto Ciudad del Parque. Con esto quiero decir que, se anularían las facultades de los gobiernos locales sobre la planificación de sus territorios, por lo tanto, el abandono del Estado es evidente respecto al derecho a la vivienda, endosando esta responsabilidad al libre mercado. Pero según este proyecto, mejoraría el acceso a la vivienda y, aún más, el grado de integración social y urbana de las familias pobres y esto en lo practico no va a suceder.

También permitirá el traspaso de terrenos públicos a empresas privadas (inmobiliarias) para la construcción de viviendas en arriendo, amparados con el argumento de disponer un porcentaje (aún no precisado) de viviendas que se entregarán a través de subsidios de arriendo, con ello se garantizan las ganancias para las empresas inmobiliarias. Así que, además de asegurar un lucrativo negocio para el sector privado, se estaría replicando elementos del modelo de concesión de los hospitales y autopistas, consagrando un negocio seguro en desmedro del derecho humano a la vivienda digna.

Y por último, viene a destruir la construcción social de las comunas y barrios, ya que se estimula la postulación individual y gestionada por el mercado habitacional, anulando los mecanismos de postulación colectiva y diferenciando a la población según su capacidad de endeudamiento. En resumen, esta iniciativa gubernamental, no integra la discusión de quienes habitamos los territorios y construimos ciudad, por el contrario, nos aleja aún más de las decisiones de como diseñan las ciudades, instalando una política que incentiva a la inversión empresarial, la cual apunta a dinamizar el mercado de la construcción y la banca.

Este Proyecto Ley de (des)Integración Social y Urbana, no es más que otra de las artimañas que tienen los poderosos para deshacerse de la responsabilidad que tiene el Estado con el derecho a vivienda, dejándonos sin participación en el diseño de las ciudades y barrios, estimulando el endeudamiento en la población, pérdida de la soberanía territorial respecto de sus planes reguladores y destruyendo nuestro derecho a organizarnos por una vivienda y vida digna.