Como yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou disfrutó desde joven los privilegios de ser parte de la intimidad del dictador. Con una carrera meteórica, pasó por el directorio de las empresas más importantes del Estado, incluyendo Soquimich, nacionalizada por Allende en 1971, privatizada por su suegro y desde la que él construyó una verdadera fortuna al tomar su control en 1988.
“Luego de años de conflicto –decía la prensa en febrero de este año- el gobierno llegó a un acuerdo para la explotación de litio en parte del salar de Atacama. El entendimiento, que fue sellado en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, obliga a la minera a restructurar su gobierno corporativo”. Ahí dos cosas, con ese acuerdo SQM logró triplicar la explotación de litio hasta el año 2030. Segundo, eso de “reestructurar su gobierno corporativo” implicaba la salida de la familia Ponce Lerou del directorio de la minera no metálica más grande del mundo. Ahí parte de este escándalo de poca monta, lleno de artificio y humo. Entre los directores de la empresa están figuras como Hernán Buchi y el ex ministro de minería y candidato presidencial, Laurence Golborne.
Efectivamente la familia salió del directorio a cambio de que el SII no abriera un frente judicial que dejaría demasiadas víctimas fatales en el mundo político que comía de la mano de Julio Ponce Lerou, pero ahora el directorio de la empresa decidió contratarlo como asesor, con lo cual el acuerdo con el gobierno solo dejó jugosas ventajas para la empresa.
¿Qué hace a Julio Ponce Lerou tan poderoso?, el dinero, pero no solo tenerlo, si no la forma generosa en que decidió domesticar a través de el a una parte muy demasiado significativa de la política chilena. Los procesos judiciales que investigaron los mecanismos de financiamiento irregular de la política no dejaron un solo preso, pero al menos establecieron verdades que escapaban al acceso a información que teníamos, decir por ejemplo que entre los años 2008 y 2015, SQM repartió 7.129 millones de pesos de forma irregular, es decir a través de terceros, a partidos y candidaturas políticas que iban desde concejales hasta postulaciones a la presidencia de la República. Otros 7.000 millones de pesos fueron aportados por mecanismos establecidos en la Ley Electoral.
El financiamiento ilegal de la política era transversal pero alimentaba con regularidad a fuerzas políticas que de alguna u otra manera definían el curso de la economía y la legislación en Chile: de esos 7.129 millones de pesos, la UDI recibió el 45%; Renovación Nacional el 11%, los mismo que la Democracia Cristiana; un 10% el PRI; un 8% el Partido Socialista, un 7% el Partido Radical y un 3% el PPD.
¿Por qué incluimos en la gráfica de esta nota a Piñera y Bachelet?, porque el primero recibió aportes por 453 millones de pesos y la segunda por 281 millones de pesos. Ambos de forma irregular.
¿Sorprende que Ponce Lerou vuelva a SQM?, no. ¿Sorprende que SQM no solo siga existiendo, sino que además triplique su explotación de litio luego de un acuerdo con el gobierno?, tampoco!
En un país con un sentido mínimo de la decencia política, todos los que recibieron platas de SQM debieran estar presos y la empresa ya no debiera existir. Un país que valorase sus riquezas naturales y estratégicas no dejaría que una burda camarilla de mafiosos que siga enriqueciendo tan impunemente mientras los gobernantes le dicen a estudiantes, pobladores y trabajadores que para derechos sociales no hay plata.
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