Notas desde Febrero: Catástrofes, humedales y Plan regulador.

Por Javier Sandoval Ojeda , 27 de febrero del 2017

Era un amanecer del 2007 y cuatro personas provistas de lienzos deteníamos por algo más de una hora el movimiento de tierra de las máquinas que rellenaban parte del Humedal Paicaví, o de Chepe, al costado de la población Lorenzo Arenas. En el momento en que Carabineros irrumpía para normalizar la cosa, apareció en escena el emprendedor principal: empresario Saenz, de inmobiliaria Madesal cursando dos mensajes categóricos: “¡Todo esto es mío! ¿Oyeron?”

Eran tiempos en que Van Riselbergue alcaldesa reimpulsaba sin pestañar este proyecto depredador en “Valle Paicaví”, el cual justo diez años antes, (1998) con el alcalde Ulloa, nació eludiendo la mínima participación ciudadana aconsejada para evaluar impactos antes de tapar un ecosistema con cemento. Como siguiendo una tradición, alcaldes y organismos públicos de control aplicaban con saña instrumentos de planificación que despedazan la naturaleza, mientras la Conama financiaba seminarios y catastros inútiles para descomprimir el reclamo y justificar la cínica costumbre de suscribir tratados internacionales (como Ramsar) que no interesan ni tocan el negocio. Dos años de presión solo demoraron las obras. Tal como ocurre hoy, la única pregunta que siempre encontró respuesta nítida en las instituciones fue la del empresario Saenz: el Humedal era “suyo”.

Aparte del maltrato institucional a los sistemas naturales ya se sabía bastante de la falta de protocolos, financiamiento, recurso humano e institucionalidad provincial en materia de prevención de catástrofes. Ya habíamos vivido frente a frente aluviones e inundaciones generalizadas que además dejaron en evidencia la irresponsable modificación “legal” de mapas de riesgo asociada a la expansión de viviendas sociales bancarizadas.

Cuando unos años después ocurrió el terremoto-tsunami esas mismas lagunas y vertientes de Chepe y del sistema hidrológico que habitamos, ayudaron a hidratarnos, asearnos y comer. En esos días nuestro tenaz reclamo por Reconstrucción Justa y Derecho a la Ciudad desde organizaciones como Fenapo y Red Construyamos, no se impuso y las élites celebraron nuestra falta de herramientas legales y de poder para incidir ante autoridades político administrativas que condenaron a los damnificados a la usura inmobiliaria o a la rapiña de “bonos” de reconstrucción secuestrados por los bancos (igualito que está ocurriendo ahora con los damnificados por incendios que se encuentren morosos).

Mientras ayudaba a lucrar a muchos empresarios, el gobierno de Piñera jugaba a las estadísticas inflando subsidios de viviendas que hasta el día de hoy no terminan de construirse (ver diario La Tercera del 25 de febrero 2017). Coherente con todo lo anterior, un Estado que acataba en Concepcion y razonaba en Santiago, no nos dejó ley de catástrofes, ni política integral de prevención, ni medidas que posibilitaran enfrentar mejor la siguiente crisis socioambiental: los indignantes incendios de este nuevo febrero. Nos dejó eso sí una descomunal bandera y un agresivo monumento, en la ribera misma del río.

Mediando esa tragedia durante los últimos diez años hemos soportado cómo se seca la Región, como se desertifica el país mientras crecen sin control ciudades que son principalmente negocios. Hoy como ayer, forestales, pesqueras e inmobiliarias en Concepción siguen diciendo “todo es mío” y sus leyes e instrumentos, partidos y autoridades concretan el deseo. Y, por las dudas, la bahía se convierte en imán para el saqueo transnacional que pasará por el corredor interoceánico de Talcahuano, junto a la contaminación que mata a Coronel y la que pretende avanzar hacia los campos: “Zona de sacrificio” somos ahora, como todo lo que últimamente toca la máquina económica de las familias que se reparten el país.

¿Para qué cambiar Chile?

Esa pregunta ya la respondieron claramente el gran empresariado y sus empleados políticos de las dos derechas. Dijeron: “mejor que no cambie, para qué”.  Por eso todo  lo que han hecho al respecto es insignificante y compitiendo en quién subsidia más a los privados. Los incendios han sido otra faceta del mismo engaño con forma de plantaciones forestales, sequía y segregación urbana.

Hacia donde nos han llevado y nos llevan esas respuestas disfrazadas del Chile oficial? Sobre esto es necesario que una Región como la nuestra hable. Todavía podemos decidir que “no más”, que mejor el agua y la tierra no sean más propiedad de uno o dos sinvergüenzas. Este 2017, desde lo que queda del humedal de Chepe, desde los corta fuego improvisados al pie de las llamas, desde las comunidades costeras y mapuche que han resistido el gaseoducto, debemos encontrar la fuerza para levantarnos.

Una oportunidad de encontrarnos y actuar puede estar en el proceso de modificación del Plan Regulador Metropolitano que debe recomenzar en marzo, con consulta a propuestas de 11 municipios y posterior aprobación en el CORE. Es en realidad un trámite pensado más para limitar expectativas o reclamos de las comunidades a la inversión por otros 20 años, pero podemos alterarlo si conversamos en los barrios y espacios públicos, si juntamos propuestas y ganas de decidir y de ser productores sociales del habitat en lugar de “consumidores” y “beneficiarios” dóciles, fáciles de estafar. Espacios naturales, uso de suelo, relocalizaciones, edificios de altura, monocultivo, etc, son problemas conectados y necesitan hoy reconocerse y encontrarse. Para propiciar ese proceso ha nacido una Plataforma de organizaciones que se propone levantar propuestas de modificación, acción y movilización por un Plan Regulador Integrador y Comunitario. Está tomando forma y marzo debería verla caminar. ¿Podremos transformar nuestros propios límites? ¿Cambiar lo que nos sucede en el Bio bio? ¿Para qué cambiar Chile? Estos días parecen fundirse con esas preguntas.